Incluye bibliografía.

Incluye conclusiones.

Incluye contenido.

Capítulo 1. La justicia transicional. -- Capítulo 2. La verdad, la justicia y la reparación. La adopción de reformas institucionales y demás garantías de no repetición. La reconciliación y la paz. -- Capítulo 3. El estado de derecho y el respeto, garantía y efectividad de los derechos humanos. -- Capítulo 4. Los mecanismos de justicia transicional. -- Capítulo 5. Creación, organización, funcionamiento, informes y recomendaciones de las comisiones de la verdad.

La historia más reciente de cada uno de los países en los cuales ha habido cualquier tipo de confrontación interna o externa y en los cuales se usaron mecanismos de justicia transicional demuestra la utilidad de esta, no solo para resolver el conflicto, sino para lograr la reconciliación y con ella la restauración del tejido social, garantizando la efectividad de los derechos de las víctimas y con el compromiso de toda la sociedad de que los hechos no se vuelvan a repetir hasta alcanzar o restablecer y luego mantener una paz estable y duradera. La justicia transicional además de ser un proceso que permite encauzar el camino hacia la paz, la concordia y la reconciliación, si se utiliza adecuadamente, también contribuye a solucionar el conflicto si este no ha sido superado. En América latina, en África, en Asia y también en Europa, el uso de los mecanismos de justicia transicional ha permitido el retorno a la democracia, a la convivencia pacífica, al orden, a la paz y con ellos a la concordia y a la esperanza, garantizando siempre y en todo lugar los derechos de las personas a vivir en paz y dentro del normal funcionamiento de las instituciones públicas. Los ¡basta ya! Y ¡nunca más! Deben repetirse en todas las latitudes para trabajar ahora en la búsqueda de la verdad, en el acceso a la justicia y en la obtención de las reparaciones, pero ante todo, en la conquista de la reconciliación y la no repetición, para sembrar, alcanzar y cosechar la paz estable y duradera, que permita el disfrute y reconocimiento de los derechos humanos, evitar la impunidad y velar por el respeto, garantía y efectividad tanto de los principios como de los derechos y deberes humanos, la convivencia pacífica, y el normal y ordenado funcionamiento de las instituciones públicas al servicio exclusivo de la comunidad y la ciudadanía.