Incluye índice general.

Incluye bibliografía páginas 137-140

1. La tutela efectiva en el Estado social de derecho colombiano. -- 2. Garantías sustantivas y procesales que integran el núcleo esencial mínimo del proceso a la tutela judicial efectiva. -- 3. La tutela judicial efectiva: instrumento del Estado social de derecho. -- 4. El juzgado contencioso administrativo: ¿Empoderado para garantizar la tutela judicial efectiva?. -- 5. Sistema impuros de iniciativa probatoria. -- 6. El concepto de prueba judicial y su incidencia en el debido proceso. -- 7. El objeto de la prueba judicial. -- 8. Sistemas procesales y actividad probatoria. -- 9. Reglas de distribución de las cargas procesales probatorias: Carga estática y carga dinámica de la prueba en el proceso contencioso administrativo. -- 10. El operador judicial contencioso administrativo y el decreto oficioso de pruebas. -- 11. Conceptualización y fundamentos constitucionales y legales de la iniciativa judicial probatoria. -- 12. Iniciativa judicial probatoria ¿facultad o deber?. -- 13. El decreto oficioso de pruebas y su nexo con e principio constitucional de pruebas?. -- 14. ¿Puede incurrirse en error de derecho cuando no se decreta de oficio pruebas?. -- 15. Límites a la iniciativa probatoria del juzgador contencioso administrativo. -- 16. Actos de disposición y conocimiento privado del juzgador como dique de la dirección judicial probatoria. -- 17. Prohibición de decretar pruebas impertinentes, inconducentes e inútiles. -- 18. Control de la ilicitud de la prueba desde su decreto y regla de exclusión. -- 19. La insinuación de la prueba, ¿falso límite a la iniciativa judicial oficiosa?. -- 20. La prueba de oficio: reflexiones sobre su decreto en el proceso contencioso administrativo. -- 21. Alcance de la iniciativa judicial probatoria en la audiencia inicial. -- 22. La oposición a la tesis. -- 23. La solución a la problemática de investigación. -- 24. El ejercicio de la iniciativa judicial probatoria luego de oídas las alegaciones y antes de dictarse la sentencia contenciosa administrativa.

Este trabajo pretende analizar el alcance interpretativo del contenido en el articulo 213 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo -CPACA-, a partir de un esbozo de las distintas aristas que conforman el decreto oficioso de pruebas a la luz del Estado Social de Derecho.
Se sustentará como tesis que la mencionada norma no supone una disminución de la esfera de la iniciativa judicial probatoria del juez, sino que éste deberá determinar en cada caso, a través de un ejercicio de ponderación, la viabilidad o no de decretar pruebas de oficio cuando las partes no hayan solicitado su práctica.